LA ERA DE LOS SUPERPRESIDENTES

La era de los superpresidentes

Honduras, 31.08.09 - Elisa de Elías: opinionSPAMFILTER@elheraldo.hn

La sucesión constitucional ocurrida en la República de Honduras, catalogada por la comunidad y organismos internacionales como golpe de estado, tiene una connotación especial en el contexto mundial e histórico en el cual se ha desarrollado.
Los analistas y el mundo entero deberían de dejarse de apresuradas apreciaciones y considerar los delicados y trascendentales efectos que inevitablemente se agolparán y serán evidentes en el corto plazo.
En ninguna empresa del espectro económico cabe la idea del administrador blindado, inmune e impune, sino al contrario; en éstas, creadas para la eficiencia en el uso de los recursos y generación de resultados, es una norma y práctica común la constante evaluación del desempeño y auditoría de sus actividades con el fin de evitar cualquier tipo de abusos, excesos y despilfarros, en obvio detrimento del patrimonio empresarial.
Ese precisamente es el aspecto más peligroso que podría perfilarse en la correlación de hechos que se van suscitando en torno a la sucesión constitucional hondureña, y que podrían sentar un mal precedente que fortalezca la práctica de las progresivas dictaduras democráticas.
El supuesto respeto a los preceptos democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana entre otros, más bien debería ser reconsiderado por sus miembros suscriptores, ya que lo que verdaderamente fomenta es la práctica del empoderamiento, la impunidad y la inminente aparición de una raza de superpresidentes.
¿Qué novedad representa en el ámbito empresarial la destitución de un administrador que haya estado realizando abusos administrativos y despilfarro de recursos, sobreponiéndose incluso a los mismos estatutos, políticas y manual de organización de la empresa?, ¿Verdad que ninguna?, ¿Verdad que sería lo más obvio?
Entonces tratándose de algo mucho más delicado como son los recursos y destino de la vida de todo un país porqué debe haber excepciones ante los abusos y prácticas más descaradas de los presidentes que por la ambición personal de poder manipulan toda la ordenanza constitucional, jurídica e institucional bajo la siniestra figura del populismo.
De ahí la urgente necesidad de considerar el efecto nefasto de una posible restitución de un presidente depuesto.
El efecto directo más asimilable desafortunadamente no sería el ideal o teórico que todos esperarían y están pensando, sino por el contrario, enviaría un mensaje negativo de franqueabilidad real y práctica para que los presidentes ahora puedan considerar que están blindados y que pueden hacer cualquier cosa que se les antoje, aún como resultado de pesadillas, alucinaciones o verdaderos disparates, sin que exista ningún tipo de auditoría o mecanismo que pueda detenerlo en la maquinación de sus patrañas. Aún así, todavía alguien podría estar pensando que existen procedimientos legales, constitucionales y democráticos para manejar estos delicados casos.
Pues la respuesta no puede ser menos dramática que la remisión a los mismos hechos: su flamante efectividad queda comprobada con solo echar un vistazo a los siniestros, abundantes y desvergonzados manoseos por medio de la creación a la medida de supuestos recursos legales, constitucionales y democráticos en esos países que se están volviendo verdaderas dictaduras democráticas y una real amenaza de pandemia.

PRESIDENTE MICHELETTI SE REUNE CON CANCILLERES DE LA OEA.

Presidente de Honduras Roberto Micheletti se reúne con cancilleres de la OEA
“Los corruptos que saquearon Honduras a la cárcel”, gritaban

24.08.09 - Actualizado: 25.08.09 02:41pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn
Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Roberto Micheletti recibió esta tarde a la comisión de cancilleres de la OEA que busca una solución a la crisis política en Honduras. La reunión, que inició a la 1:30 de la tarde, finalizó una hora después.
Tal como lo había publicado EL HERALDO, los cancilleres y el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, llegaron a Casa Presidencial para sostener un encuentro con el mandario en el segundo y último día de estadía en el país.
En el encuentro estuvo presente también el canciller Carlos López Contreras y la delegación negociadora que integran Vilma Morales, Arturo Corrales y Mauricio Villeda.
Antes de la reunión a puerta cerrada, el mandatario ofreció algunas palabras a la comitiva. "Yo quería aceptar la posibilidad de que hubiese una tercería para poder calmar los ánimos en nuestro país y lo sigo sosteniendo", les dijo ante los micrófonos de los medios de comunicación nacional e interancional.
"Pero lógicamente yo no voy a aceptar una posición de esta naturaleza si ustedes o la OEA no nos garantizan que Honduras va a volver a tener los mismos derechos que tenía antes del 28 de junio. Que a Honduras se le va a tratar con el mismo cariño, con el mismo respeto de lo que tenía antes del 28 de junio".
"Yo no llegué aquí porque anduve buscando oportunidades ni anduve tratando de serlo (presidente), es porque la sucesión constitucional así nos lo permite", dijo el mandatario. "Y eso me da a mí la tranquilidad de salir de esto si así fuese lo mejor para Honduras", aseguró.
"Nosotros queremos vivir en paz, queremos vivir en democracia, queremos que se nos respete como nosotros tratamos de respetar a todos los demás países del mundo", dijo el gobernante y pidió que ese mensaje se lleve al mundo entero.
Micheletti recalcó ante los cancilleres que Honduras "es un país soberano, aquí nadie puede venir a imponernos absolutamente nada, a menos que vengan tropas de cualquier otro lugar y nos obliguen. Esa es cuestión de situaciones que ojalá nunca se presenten".
El presidente agradeció la presencia de la comisión "no tenemos la menor duda que vamos a trabajar para que esta reunión de Costa Rica siga fortaleciéndose, siga llenándose de la credibilidad que todos los centroamericanos queremos tener en ese ciudadano Oscar Arias al cual respetamos y admiramos".
El gobernante hondureño pidió disculpas a Miguel Insulza, "y le hablo honestamente de todo corazón, siento que usted es el secretario general (de la OEA), nos dejó totalmente doloridos la vez que usted vino aquí. Sin embargo, hoy lo recibimos con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto y con toda la admiración por su lucha en la OEA".
La misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó el lunes al país y tuvo un ajetreado primer día que concluyó a altas horas de la noche.
Que no vuelva
El presidente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) Juan Ferrera dijo hoy que hay voluntad para continuar con el diálogo, pero que el regreso de Manuel Zelaya "está muy lejos de ser posible".
"Nadie va a venir a imponernos nada", dijo al respecto el presidente hondureño, quien sostuvo ayer que la decisión de no restituir a Zelaya "se mantiene firme".
La comitiva de siete cancilleres y el secretario general de la OEA llegó ayer a Honduras para buscar una salida a la crisis política. El mensaje que recibieron de los distintos sectores con los que sostuvieron encuentros fue unánime: respetar la Constitución del país. Los manifestantes también repudiaron el hecho de que Honduras haya sido condenada internacionalmente por la sucesión presidencial, antes de ser escuchada sobre las razones que hubo para sustituir a Zelaya en el poder.
Ayer, después de sostener encuentros con ex funcionarios del anterior gobierno, su esposa Xiomara Castro de Zelaya y dirigentes sindicales que manifestaron su versión de los hechos que condujeron a la separación de Manuel Zelaya el pasado 28 de junio, los cancilleres recibieron también a la comisión del Congreso Nacional, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, representantes de iglesias evangélicas, el CNA, la cúpula militar, el fiscal general Alberto Rubí y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
"Es un avance que hayan escuchado", dijo hoy el presidente del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra.
Amnistía no
El Fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, reiteró después del encuentro que para el Ministerio Público es inaceptable una amnistía, pero que esa no es una atribución de la institución estatal.
"Creemos que ante los hechos, ante la investigación, ante los trabajos del Ministerio Público no acepta ni la amnistía ni la moratoria, porque eso sería dejar amarrado al Ministerio Público frente a la comisión de delitos", señaló
Rubí manifestó una amnistía "significa el olvido de todo aquello que conlleva a actos delictivos que realmente merecen un castigo y como consecuencia de eso, las personas quedarían impunes".
Paralelo a estas reuniones que se desarrollaron en un hotel capitalino, miles de hondureños realizaron una marcha pacífica en la que pidieron respeto a la democracia, paz y castigo para los corruptos que han saqueado al país.
Este martes, miembros del Bloque Popular marcharon por el bulevar Centroamérica y Juan Pablo II en apoyo al ex presidente Zelaya.
Los cancilleres concluirán este día su misión de convencer a las autoridades hondureñas de suscribirse al Acuerdo de San José, que propone la restitución de Zelaya, el adelanto de las elecciones y amnistía para los delitos políticos "antes y después del 28 de junio de 2009".
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución el pasado fin de semana donde deja claro que Manuel Zelaya debe responder a los procesos penales en su contra.
Asimismo, el Tribunal Suprema Electoral ha rechazado el adelanto de los comicios, programados para el 29 de noviembre.

HONDURAS DICTA CATEDRA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

Honduras dicta cátedra en Derecho Constitucional

"El ex Presidente Zelaya actuaba de una manera perniciosa y sin límites, no sometiéndose a derecho ni respetando las legítimas decisiones de los demás poderes".

23.08.09 - Actualizado: 23.08.09 02:38pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras.
Tomado del diario Nicaragua Hoy

Los acontecimientos ocurridos en Honduras marcan el inicio de una nueva doctrina constitucional. Los Presidentes electos por el pueblo no tienen licencia para delinquir ni para violar la Constitución de su país. Un Presidente debe respetar el ordenamiento jurídico y someterse a él. Eso significa que debe sujetarse al principio de legalidad y al principio de separación de las funciones de los órganos del Poder Público.
Es decir, que un Presidente no puede realizar actividades que no estén expresamente establecidas como sus competencias en las normas jurídicas de una nación. Asimismo, debe acatar y someterse tanto a las leyes que dicte el Congreso o Poder Legislativo como a las sentencias que dicte el Tribunal Supremo de Justicia o el Poder Judicial.
En el momento que el Presidente no cumpla con estos principios fundamentales incurre en arbitrariedad y se coloca al margen de la Constitución, quebrantando el Estado de Derecho. Cuando esto ocurre, los otros poderes del Estado (Legislativo y Judicial) tienen el legítimo derecho, y más aún, la obligación constitucional de hacer reestablecer el orden resquebrajado para retomar la normalidad institucional del país.
Se trata del derecho a la “legítima defensa constitucional”, que trasladamos del derecho penal al derecho constitucional. En este orden de ideas, podemos definir a la “legítima defensa” como la reacción necesaria contra una agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada por la persona que invoca esta causa de justificación. (Grisanti Aveledo, Hernando).
En este sentido, se dice que la agresión ilegítima es una negación del derecho, porque la persona que perpetra una agresión ilegítima niega normas consagradas en el ordenamiento jurídico; en cambio la legítima defensa es la afirmación del derecho.
Siguiendo a Grisanti Aveledo, la legítima defensa es una causa de justificación, con lo que se quiere decir que el acto realizado en legítima defensa es un acto perfecta e intrínsecamente justificado, un acto secundum jus; es decir, perfectamente adecuado al ordenamiento jurídico.
Aplicando estas nociones de derecho penal a los sucesos de Honduras, podemos afirmar que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y todas las Instituciones hondureñas, se defendieron legítimamente ante las agresiones ilegítimas del ex Presidente Zelaya, quien venía violando en forma reiterada la Constitución Nacional y desacatando las decisiones de los otros poderes. Al defenderse de esta manera las instituciones señaladas, no solamente se defendían a sí mismas, sino que estaban defendiendo también a toda la colectividad, en el sentido de que estaban impidiendo que un ser peligroso para la nación lograra el cometido que se propuso.
Por lo que, las actuaciones realizadas por el Congreso y por el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras, fueron absolutamente legítimas y apegadas a derecho, actuando en ejercicio de la “legítima defensa constitucional” frente a las innumerables agresiones al orden jurídico que venía desarrollando el ex Presidente Zelaya y que son del conocimiento del mundo entero.
De esta manera, el Derecho Constitucional debe desarrollar, profundizar y consolidar esta Teoría del derecho a la legítima defensa constitucional, para así adaptarse a las nuevas circunstancias sociopolíticas que está viviendo el planeta ante la existencia de Presidentes que se creen estar por encima de la Constitución y que pueden gobernar arbitrariamente y violando los derechos humanos y el ordenamiento jurídico, sin que nadie pueda poner coto a sus desmanes.
El ex Presidente Zelaya actuaba de una manera perniciosa y sin límites, no sometiéndose a derecho ni respetando las legítimas decisiones de los demás poderes. Su arbitrariedad era tan extrema que ni siquiera presentó el presupuesto nacional ante el Congreso, como lo ordena la Constitución, sino que gobernaba sin control alguno y sin rendirle cuentas a nadie, como si Honduras fuera su bodega personal. Ante tantas barbaridades y agresiones al orden constitucional, los otros poderes ejercieron su derecho a la legítima defensa y lo sacaron de la presidencia a fin de reestablecer el Estado de Derecho, aplicando los procedimientos constitucionales y si se llegó a cometer algún error, está plenamente justificado de acuerdo a esta Teoría del Derecho Constitucional que aquí explicamos.
En consecuencia, el nuevo Presidente hondureño es absolutamente legítimo y constitucional. Legítimo, porque Don Roberto Micheletti es un Diputado que fue electo por votación popular y además designado Presidente por unanimidad de los Diputados presentes en la sesión histórica; es decir, por todos los representantes del pueblo a nivel nacional, por lo que indirectamente su mandato deviene del pueblo. Constitucional, porque fue designado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 242 de la Constitución hondureña vigente.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas hondureñas están monolíticamente apoyando la sucesión constitucional del Presidente y no forman parte del nuevo gobierno ni tomaron el poder para sí. Los otros Poderes permanecen incólumes y funcionando con completa normalidad. La sociedad civil y las Iglesias están conformes con lo ocurrido. Así las cosas, no se entiende cómo la comunidad internacional ha sido tan ciega en darse cuenta de algo que está tan claro como el agua de manantial. Pero el pueblo catracho y sus Instituciones deben mantenerse firmes y seguir defendiendo su Constitución y su democracia, porque están apegados a la legalidad y nadie tiene el derecho a exigirles que violen su ordenamiento jurídico ni que se retracten en lo que fue una decisión absolutamente legítima, justificada y constitucional.

Por el Dr. Álvaro F. Albornoz P.

NINGUN PACTO VIOLARA LA CONSTITUCION HONDUREÑA

CSJ: Ningún pacto violará la Constitución hondureña

Lo relativo a una amnistía general y al retorno de Manuel Zelaya a la presidencia constituyen el aspecto fundamental del análisis jurídico

22.08.09 - Actualizado: 22.08.09 09:32pm - Redacción: diario@elheraldo.hn
Tegucigalpa, Honduras.

La aplicación del plan San José solamente se puede hacer ser si se apega a la legislación nacional, concluyó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un informe solicitado por el Poder Ejecutivo.
El documento de 9 puntos establece los lineamientos jurídicos para aceptar la propuesta hecha por el presidente de Costa rica, Óscar Arias.
Lo relativo a una amnistía general y al retorno de Manuel Zelaya a la presidencia constituyen el aspecto fundamental del análisis jurídico.
Respecto a una amnistía para Zelaya y sus seguidores, quienes pretendieron destruir la constitución, la CSJ respondió: "la única forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad con lo regulado en nuestra legislación procesal penal, de tal suerte que un arreglo de carácter político debe pasar necesariamente por el respeto a la legalidad y control jurídico".
Según la CSJ, los juicios incoados por delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones deben realizarse, en caso contrario "sería un auténtico contrasentido que la búsqueda y construcción de acuerdos en un estado de derecho se haga violentando o dejando a un lado la Constitución y las leyes".
En cuanto al retorno de Zelaya al poder, como lo propone el plan Arias, advierten que hay acciones penales incoadas por la Fiscalía, "en consecuencia y en estricta legalidad, mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría (Zelaya y sus seguidores) que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
Zelaya desconoció las órdenes de los juzgados en el sentido de no realizar una encuesta que tenía como objetivo convocar a una asamblea Constituyente, la cual cambiaría la forma de gobierno y destruiría la constitución actual.
Por infringir la ley, el 28 de junio fue capturado y llevado a Costa Rica. Acto seguido, el Congreso Nacional lo destituyó y nombró en su lugar a quien fungía como presidente del Legislativo, Roberto Micheletti.
Respecto a la propuesta de conformar un gobierno de conciliación y unidad, advierten que dentro de la democracia participativa la propuesta es buena, pero aclaran que esa idea podría entrar en controversia con lo dispuesto en el artículo 245 numeral 5 de la Constitución, que otorga al Presidente la potestad de nombrar y separar libremente a los ministros y viceministros.
En cuanto a la renuncia para convocar a una constituyente o reformar la constitución en lo irreformable, el Poder Judicial coincide que ese plan fue declarado ilegal por los tribunales.
Los pétreos Además, advierten que la propuesta Arias en este punto solo ratifica lo que la constitución declara irreformable, es decir, la forma de gobierno, territorio nacional, período presidencial y la prohibición de volver a ser presidente para quien ya ha ostentado ese cargo.
"La mayoría de los artículos pétreos o irreformables de la Constitución van encaminados a establecer una rigidez en cuanto a que las mismas no pueden ser reformadas al libre albedrío".
"Expresamente, el artículo 374 de la Constitución viene a hacer una limitante clara a la posibilidad de regresar a la época de rompimientos constitucionales por parte de regímenes militares, así como impedir que una vez en el poder, el titular del Ejecutivo pretenda convertirse en un presidente ad infinítum (indefinitivamente) al aplicar la prohibición de que se funcionario opte por la reelección".
Respecto a las FF AA, la CSJ indica que la constitución ya establece que pasan a disposición del TSE un mes antes de las elecciones y hasta la declaratoria de las mismas.
La CSJ también establece que la "comisión de verificación" que propone el plan Arias, como parte de las "disposiciones finales", tendría potestad para dirimir conflictos mediante una "interpretación auténtica", sin embargo, advierten que esto tendría que hacerse "sin menoscabo de las legítimas atribuciones que dentro del marco jurídico corresponden a las diferentes instituciones o instancias".
En el séptimo término, la CSJ considera "oportuno" que el plan Arias demande arreglos bajo el entendimiento y la fraternidad de los hondureños, por lo que "se solicita a la comunidad internacional que se respete la soberanía de la República de Honduras y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros estados".
Puntos del informe
juicios. La única forma de finalizar o suspender procesos penales debe pasar necesariamente por el respeto a la legalidad y al control jurídico.
ESTADO. No es necesario el "retorno de la conformación de los poderes de Estado como estaba antes del 28 de junio, porque esas instituciones siguen inalterables".
constituyente. Hay un visto bueno para que Manuel Zelaya olvide la ilegal idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pues esa acción ya fue declarada como delito.
autoridad. Gobierno de unidad puede atentar contra la autoridad constitucional que tiene el presidente de la República de nombrar y remover funcionarios.
límites. La comisión de verificación tiene que dejar que las instituciones autorizadas diriman conflictos producidos de la potencial aplicación del plan San José.

MEL ZELAYA NO VUELVE A LA PRESIDENCIA

Fecha: martes, 18 agosto, 2009 9:02

Todo apunta hoy a que Manuel «Mel» Zelaya no recuperará nunca la presidencia de Honduras, ni por el imperio de la ley —que él violó—, ni por las bravatas de Hugo Chávez, las monsergas de Daniel Ortega o los cantos catastrofistas de Fidel Castro. Tampoco por la ineficaz OEA. En Honduras no hay fuerzas significativas que lo respalden ni una opinión popular mayoritaria a su favor. Simplemente, «Mel» Zelaya se puso la soga al cuello, se lanzó al vacío y quedó ahorcado. Jugó con fuego, degradó la democracia, se extralimitó olvidando que sus poderes no era omnímodos y permitió una burda injerencia en su país de Venezuela, Cuba y Nicaragua tendente a cambiar el modelo de convivencia democrática pactado en 1982 para llevar a Honduras al labrantío «chavista».
Pasado el sobresalto inicial causado por la acción de los soldados hondureños echando en pijama a un mandatario elegido por votación popular, que hizo creer a los menos informados en un golpe de Estado latinoamericano a la antigua usanza de los militares gorilas, ahora se está valorando que en Honduras, tras esa suerte de golpe blanco (o blando), la Constitución haya funcionado y la democracia, aunque débil, continúe a pleno pulmón, pese al aislamiento internacional.
En las primeras horas triunfó la idea de que a América Latina habían vuelto los golpes de los militares felones de los años sesentas y setentas como los de Augusto Pinochet o Rafael Videla y sus acólitos. En aquel continente no ha dejado de haber golpes en todo este tiempo. Se cambió el estilo, pero golpes de Estado consumados –aparte intentonas– ha habido en Perú (1992), Venezuela (1993) y Ecuador (1997, 2000 y 2005) en los que unos poderes del Estado destituyeron a los presidentes sin tener potestad para ello. Se clausuró el Legislativo y fue disuelto el Judicial como hizo el peruano Alberto Fujimori; el Parlamento declaró vacante la presidencia con el silenció cómplice de la Justicia para echar del poder al venezolano Carlos Andrés Pérez y al ecuatoriano Lucio Gutiérrez; lo expusieron como un loco sin que mediara un examen médico como fue el caso del ecuatoriano Abdalá Bucaram; se lazaron contra él hordas indígenas delante de los uniformados como le ocurrió a su compatriota Jamil Mahuad. En todos esos casos la Organización de Estados Americanos (OEA) contemporizó. En Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay se produjeron en estos últimos 20 años tumultuosas caídas presidenciales como resultados de grave crisis, en algunos casos con el pueblo alzado.
¿De qué tipo de golpe de Estado estamos hablando en Honduras? No debe costar entender que dos poderes del Estado se vieron obligados actuar contra el Ejecutivo, en defensa de la Constitución, porque el presidente Zelaya la había violentado con la intención de eternizarse en el poder. Se extralimitó en sus competencias convocando una consulta popular, originó un grave conflicto con el Legislativo y el Judicial, frente a los que se mostró en rebeldía, se olvidó de que sus facultades tenían un límite preciso y desencadenó una crisis militar. Hasta a la Iglesia Católica se puso por montera el presidente Zelaya. El error estuvo en enviar al Ejército a echarle del país. Debía habar sido la Policía la que prendiera a Zelaya para llevarlo ante los jueces a enfrentar las acusaciones, con el debido proceso legal, que contra él tendría formuladas la Fiscalía. La Carta Magna hondureña estipula taxativamente, sin ambigüedades ni margen a la interpretación, que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá volver a ser Presidente o Vicepresidente de la República. Quien quebrante esa disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, dice la Suprema Ley de aquel país centroamericano. En consecuencia, como afirma el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, indiscutible autoridad moral de Honduras, no hubo un golpe de Estado y cuando los militares fueron a detener a Zelaya éste, de acuerdo a la Constitución, estaba inhabilitado, es decir, había cesado automáticamente como jefe del Estado.
En el intento de solucionar la crisis hondureñas ha fracasado la OEA, una institución cada vez más inoperante, así como su desafortunado secretario general, el chileno José Miguel Insulza, que actuó para congraciarse con tirios y troyanos en busca de su propia supervivencia en el cargo pensando en el caudal de votos –incluidos los siete del pequeño imperio «chavista»– que le garantizaba la reelección en el cargo. Tampoco han intimidado a las nuevas autoridades hondureñas las extravagancias de Hugo Chávez ni sus amenazas hasta con el desembarque de tropas ni sus disparates. El mandatario venezolano nunca fue un demócrata. Golpista él mismo, sigue practicando la asonada contra la democracia como –sin ir más atrás– demuestra su acción hostil contra alcaldes y gobernadores de oposición elegidos democráticamente en los últimos comicios regionales y municipales a los que no deja gobernar, tema sobre el que la fútil OEA continúa sin pronunciarse.
Chávez no es una voz ética de América, como tampoco lo es un personaje tan controvertido como el nicaragüense Daniel Ortega ni mucho menos los hermanos Castro, dictadores perpetuos de un régimen fosilizado. Todos ellos clamaron en defensa de Zelaya junto a otros dirigentes también de países que no resistirían un examen para demócratas párvulos. Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, entre otros, y por supuesto Cuba son naciones a las que les viene muy grande la Carta Democrática de la OEA que se ha aplicado tan a rajatabla a Honduras. El propio Insulza ha reconocido en privado que sus gobiernos no pasarían el corte si se aplicara la dichosa Carta Democrática.
América Latina un día aprueba el retorno de la dictadura cubana a la OEA –con el beneplácito general desde Río Grande a Tierra del Fuego— y al otro se expulsa a Honduras de ese organismo hemisférico alegando que ha faltado a la dichosa Carta Democrática cuando se trató de ponerlo coto a las ansías de poder de Zelaya. Se trata de una paradoja pues la OEA tampoco ha investigado, sin ir más lejos, el último fraude electoral en Nicaragua en los comicios municipales de noviembre pasado o los dislates en Bolivia y Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correo, se inició a la política como parte de un Gobierno surgido de un golpe de Estado. ¿Por qué nadie pone coto al intervencionismo contumaz de Chávez? ¿Por qué la OEA y la comunidad internacional no actuaron preventivamente en Honduras cuando Zelaya violentaba la democracia? Esta crisis ha desnudado a la OEA.
Con el compás de espera en que han entrado las cancillerías, la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, bendecida por denostado «imperio», se debe conducir la crisis hondureña a una salida electoral cuanto antes. A favor de Zelaya –aparte el «chavismo» y un puñado de hondureños– no queda nadie. Todos los poderes reales de aquel país centroamericanos, incluidos los partidos políticos, los empresarios, la iglesia Católica y las fuerzas armadas, están contra el retorno del Zelaya. Están funcionando con normalidad a pleno sus instituciones democráticas. Se hace necesaria ya una convocatoria a elecciones generales con una adecuada supervisión internacional para zanjar la cuestión. Roberto Micheletti, el presidente en funciones, ha dado reiteradas muestras de estar en una posición constructiva, incluso de beneficiar a Zelaya con una amnistía que el destituido mandatario nunca aceptará porque significará admitir que traicionó a su país.

Gerardo Pineda Betancourth"A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger" - Proverbs 15:1"La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor" - Proverbios 15:1

AMIGOS ANTI- ESTADOUNIDENSES

Mary O´Grady

Amigos anti-estadounidenses
"...Si Honduras ha sido capaz de neutralizar a Chávez, eso es algo para celebrar. Un control de instituciones al estilo de Chávez en Bolivia, Ecuador y Nicaragua ha sofocado el pluralismo político en esos países..."
Mary O´Grady
22 de agosto de 2009
La semana pasada, Hugo Chávez se tomó un descanso en la campaña de lobby que sigue en Washington a favor del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, para viajar a Quito a una cumbre de jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Allí, Chávez lanzó una dura crítica contra las fuerzas armadas de Estados Unidos, reiteró su compromiso para expandir la revolución en la región y amenazó al continente con la guerra. Zelaya estaba a su lado.
La diatriba del venezolano contra EE.UU. y su aliado Colombia planteó la pregunta, una vez más, de qué podría estar pensando Washington para presionar a Honduras para que reinstituya a Zelaya. En junio, Zelaya fue depuesto de su cargo por el Congreso hondureño por violar la Constitución del país e incitar a la violencia de forma deliberada.
Esa no fue, sin embargo, la única razón que lo hizo impopular en su país. También se había convertido en un importante aliado de Chávez y era bastante obvio que estaba siendo entrenado para copiar la toma de poder de éste en Venezuela al socavar el equilibrio de poderes institucionales de Honduras.
Si Honduras ha sido capaz de neutralizar a Chávez, eso es algo para celebrar. Un control de instituciones al estilo de Chávez en Bolivia, Ecuador y Nicaragua ha sofocado el pluralismo político, la libertad de expresión y los derechos de las minorías en esos países. Actualmente hay una gran presencia del servicio de inteligencia cubano a lo largo del imperio venezolano. Zelaya se ha convertido, literalmente, en un acompañante de viaje de Chávez, lo que no deja dudas sobre el curso en el que pondría a Honduras si le dieran la oportunidad.
Entre las teorías que se rumorean sobre las motivaciones del presidente de EE.UU., Barack Obama, en su intento por forzar a Honduras a restituir a Zelaya, hay una hipótesis de que el gobierno estadounidense se está inclinando fuertemente hacia la izquierda. Obama ha expresado las mismas opiniones sobre Honduras que el senador demócrata John Kerry, quien sostiene que el gobierno interino debe ser obligado a restituir a Zelaya y que, durante más de dos décadas, constantemente se ha aliado a causas socialistas en América Latina.
Como senador, Kerry se da el lujo de tratar a Latinoamérica como su patio de juegos, como han hecho los demócratas durante décadas, imponiéndole ideas que los estadounidenses rechazan. Los venezolanos todavía recuerdan cómo el senador Chris Dodd, de Connecticut, jugó el papel de principal porrista de Chávez en el Senado mientras el caudillo consolidaba su poder.
No obstante, Obama es el presidente y comandante en jefe de EE.UU., y millones de personas en el hemisferio están contando en él para que le haga frente a la agresión de Venezuela. Juguetear con los pies bajo la mesa con Chávez con respecto a Honduras mientras el presidente venezolano amenaza la paz en el continente no va a ser bien recibido en un hemisferio que prefiere la libertad sobre la tiranía.
Tanto las autoridades de Colombia como las de EE.UU. afirman que la Guardia Nacional de Venezuela y altos funcionarios del gobierno de Chávez son cómplices en empresas criminales que trafican drogas en Sudamérica. La evidencia sugiere una alianza entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor exportador de cocaína de ese país, y miembros del gabinete de Chávez. También hay evidencia en documentos y videos filmados por las FARC de que los guerrilleros tienen influencia en los altos estratos del gobierno ecuatoriano.
El negocio de la cocaína de las FARC es una fuente de ingresos para la organización terrorista y para Venezuela. Esta es la razón por la cual el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha acordado permitir que aviones de vigilancia contra la droga usen bases militares colombianas.
En Quito, Chávez expresó ira sobre el acuerdo. "Los gobiernos más guerreristas del mundo de hoy y del siglo XX... (incluyen a) Estados Unidos", les dijo a sus pares sudamericanos y a Zelaya. "Los militares yanquis, esos no le hacen caso a presidente", afirmó, eximiendo astutamente a Obama de toda culpa. "Tienen inmunidad además. En Colombia tienen inmunidad. Pueden violar mujeres, pueden matar, pueden arrasar para todos lados. No se les puede hacer nada. Es una cosa horrible".
El acuerdo, que fue cerrado durante el fin de semana, es por supuesto mucho más limitado de lo que afirmó Chávez. Pero el líder venezolano no iba a dejar pasar una oportunidad para aumentar la tensión. "Vientos de guerra comienzan a soplar", advirtió.
Sus pares no se lo tragaron. Colombia no fue condenada en Quito, en gran parte porque ningún miembro del grupo quería que sus propias decisiones soberanas estuvieran sujetas a la evaluación continental. Pero Chávez no se replegará. Él ha prometido continuar los esfuerzos para desestabilizar las democracias sobrevivientes. Honduras sigue siendo un blanco. Argentina también está en su mira. En una entrevista con el diario La Nación de Argentina, habló de su alianza con su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Vamos a trabajar por reforzar el eje Caracas-Buenos Aires, que es un eje central", señaló Chávez. "Como el eje Caracas-Quito, el eje Caracas-Buenos Aires es fundamental para la integración".
La guerra de EE.UU. contra las drogas ha sido un colosal fracaso debido al gran mercado de cocaína en el país. La tragedia, más allá de la violencia que genera, es que las empresas criminales, que prosperan gracias a los clientes estadounidenses, hacen estragos en instituciones frágiles. Eso, de por sí, es malo. Pero el gobierno de Obama echa sal en la herida al rehusarse a apoyar el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Colombia que nuestro aliado ha solicitado y, ahora, al respaldar al peón hondureño de Chávez.

Fuente: Cato Institute

GOLPE DE ESTADO DE LA GRAN BRETAÑA?

GOLPE DE ESTADO DE LA GRAN BRETAÑA?

Margarita M. Montes
Qué interesante caso. Hoy 14 de agosto a las 10 de la mañana, Londres decidió disolver el gobierno local de las islas caribeñas Turcos y Caicos (Turks and Caicos Islands, en inglés), las cuales se independizaron de Jamaica en 1962.Estas islas, de apenas 30,600 habitantes y poco más de 400 kilómetros cuadrados, tienen el status de Territorio Británico de Ultramar. Estos territorios, los cuales también incluyen las Islas Caimán y las Bermudas, entre otros, no son administrados directamente por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sino que tienen su propio gobierno. Londres se encarga de su protección, de las relaciones exteriores y asuntos de negocios.Turcos y Caicos, localizadas a 800 kilómetros al sureste de La Florida, es gobernada por su propio Primer Ministro y por un Consejo Legislativo de 17 miembros, de los cuales 15 son electos por el pueblo turcocaiconés. El Consejo Legislativo se encarga, a su vez, de elegir al Primer Ministro. Hoy, estas autoridades han sido suspendidas por dos años y su poder ha sido transferido al gobernador designado por Londres, Gordon Wetherell, un paso que el hasta hoy Primer Ministro, Galmo Williams, ha denominado "golpe de Estado".Sin embargo, el secretario del Ministerio de Exteriores de Gran Bretaña, Chris Bryant dijo: "Éste es un paso constitucional serio que el gobierno británico no se ha tomado a la ligera, pero estas medidas son necesarias para restaurar el buen gobierno y una administración financiera sólida".Gran Bretaña acusa al ex Primer Ministro, Michael Misick, quien renunció en marzo pasado, de supuestos actos de corrupción.El Ministerio de Exteriores del Reino Unido había hecho un informe en el que señalaba una administración desastrosa. De acuerdo a la Cancillería británica, el informe encontró en Turcos y Caicos "abundante información que habla de altas probabilidades de corrupción sistemática y deshonestidad seria". La investigación también concluyó que "había claras señales de inmoralidad política e inmadurez e incompetencia administrativa general".El gobernador de las islas, Gordon Wetherell, negó que el paso sea una toma de poder de los británicos, y aseguró que la gestión pública seguirá siendo manejada por el pueblo de Turcos y Caicos.. Wetherell promete elecciones para el 2011 y asegura que su deseo es hacer “un quiebre” respecto al pasado, estableciendo “un camino perdurable hacia el buen gobierno, una gestión financiera sólida y el desarrollo sostenible”. Pero la imposición del gobierno británico ha sido catalogada por las élites políticas de Turcos y Caicos como el regreso al régimen colonial, o un neocolonialismo, y los medios de las islas acusan a Londres de tener dobles estándares para atacar la corrupción, en referencia a los recientes escándalos de malversación de fondos públicos en Gran Bretaña, hechos que salpicaron desde al mismo Primer Ministro Gordon Brown, hasta miembros del parlamento. Asimismo, el periódico Turks and Caicos Weekly News reporta en su edición electrónica de hoy que el derecho constitucional de realizar juicios por medio de un jurado (trial by jury) ha quedado suspendido.La pregunta del millón es si hubo o no un golpe de Estado en Turcos y Caicos?La respuesta es sencilla: habría que ver.Tomando como referencia el caso hondureño, no se pueden juzgar estos hechos en base únicamente en las escasas informaciones disponibles en los medios de comunicación.. La opinión pública internacional desconoce los antecedentes, el contexto, el marco legal vigente y el proceso que desembocó en esta decisión de los británicos. Al menos, habría que informarse más antes de emitir una opinión.Sin embargo, aún sin haber obtenido más datos, podemos hacer un breve análisis comparativo entre los casos de Turcos y Caicos y Honduras:Coincidencias:
Hay todo un proceso legal que desemboca en el cambio de gobierno.
Se alega que hay un procedimiento constitucional para la sustitución del mandatario.·
Algunos sectores internos describen lo sucedido como “golpe de Estado”·
Las nuevas autoridades confirman que se respetará el calendario electoral previsto.·
Se acusa al depuesto mandatario de graves actos de corrupción y de ineficiencia administrativa.
Se busca restablecer la ley y el orden.
Hay injerencia extranjera en ambos casos, aunque muy diferentes en su naturaleza y ejecución: inglesa en Turcos y Caicos y venezolana en Honduras
Diferencias:
La comunidad internacional guarda silencio sobre el caso británico, contrario a la reacción sin precedente en torno al caso hondureño.
Los medios de comunicación internacional, como el caso de CNN, no le dan ninguna cobertura a la noticia.
No se convocan reuniones internacionales para conocer el caso de Turcos y Caicos (nota: Las islas no pertenecen ni a la OEA ni a la ONU).
No hay presión internacional para restablecer "el orden constitucional" en Turcos y Caicos.
No se le cataloga de "gobierno de facto" a las autoridades inglesas.
La mayor diferencia, obviamente, es que aparentemente en Turcos y Caicos no hubo una intervención de las fuerzas armadas para remover al Primer Ministro, con lo cual, no hay distracción respecto al fondo del asunto, como sí la hubo en Honduras, adónde el énfasis ha sido puesto en la forma en que se depuso a Manuel Zelaya del poder, a pesar que había de por medio una orden judicial para su detención. Pareciera que el procedimiento utilizado (no está claro en los cables internacionales cuál se usó en las islas caribeñas) es el que marca la diferencia en el enfoque internacional y la cobertura noticiosa en ambos casos.En conclusión, podemos hacernos una pregunta luego de ver estas diferencias de forma y no de fondo entre los dos casos: hay acaso una doble moral en la comunidad internacional?Tal vez solamente encontraremos la respuesta haciéndonos más preguntas: por qué son válidos los argumentos británicos de un “paso constitucional” y los de Honduras no? Será porque Gran Bretaña es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Será porque es una de las naciones más poderosas del mundo? O será porque a nadie le importa lo que pase en Turcos y Caicos? Será, en cambio, que sí le importa mucho al mundo entero lo que pase en Honduras?Sería interesante que la Cancillería hondureña haga un análisis más profundo del caso de Turcos y Caicos, sobre todo ahora que está por llegar a Tegucigalpa la delegación de Cancilleres de países miembros de la OEA, la cual aún sigue con la mirada fija en la forma, y no en el fondo, de los sucedido en Honduras.