Los golpistas
Honduras, 12.03.10 - Carlos López Contreras:
Honduras, 12.03.10 - Carlos López Contreras:
diarioSPAMFILTER@elheraldo.hn
Durante la instalación del procedimiento Guaymuras el 7 de octubre, como anfitrión expresé a los visitantes, entre otros conceptos, "que antes que continuar un debate sobre si este Gobierno es una sucesión constitucional o no", habría que apoyar la elecciones y pedirle al mundo que también lo haga; que las Naciones Unidas y la OEA "tienen la obligación de impedir que Honduras… pudiera ser objeto de agresión abierta o encubierta por gobiernos extranjeros" y que igual obligación tiene Estados Unidos de América conforme a los acuerdos bilaterales y anexos.
Ese mismo día cesó la participación de la Cancillería, es decir, cesó de participar en el diálogo Guaymuras por tratarse de un problema doméstico o interno en el cual las partes en contienda designaron a sus respectivas comisiones negociadoras quienes, una vez instaladas, tuvieron por facilitadores, primero a funcionarios de la OEA y, al final del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 30 de octubre se suscribió el Acuerdo Tegucigalpa/San José.
Conforme a su número 5, las partes en el Acuerdo, los Gobiernos extranjeros y la misma OEA, todos reconocieron que correspondía al Congreso Nacional determinar si era procedente o no la impugnación que hacía el señor Zelaya de su destitución de junio. El 2 de diciembre de 2009, el Congreso Nacional, en una votación pública transmitida por televisión y radio, por 111 votos contra 14 dictaminó que no era procedente la impugnación. Pocos días antes de que se emitiera este dictamen, Zelaya declaró "muerto" el Acuerdo de Tegucigalpa y, por medio de carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América el 14 de noviembre expresó que a partir de esa fecha no aceptaba cualquiera que fuera el caso, ningún acuerdo de retorno a la Presidencia, vale decir, que ese día concluyó la controversia relativa a su pretensión de volver a la presidencia.
A este propósito, conviene recordar que el atentado de Zelaya contra la Constitución, vale decir, el autogolpe que él promovió antes del 28 de junio, no fue un acto aislado. Tuvo apoyo externo. El decreto de amnistía emitido por el nuevo Congreso Nacional el 25 de enero de 2010, sin duda alguna, hace el retrato hablado de los imputados por delitos de traición a la patria", "contra la forma de gobierno", "de terrorismo", etc.
Pero para evitar que esta situación se repita, es necesario identificar a los cómplices golpistas externos, porque desafiaron la legitimidad de las instituciones hondureñas y de sus actos; porque quisieron hacer que las autoridades hondureñas violaran su propia Constitución; porque dijeron "que no habían condiciones para que en Honduras se celebraran elecciones", y que no reconocerían el resultado electoral si Manuel Zelaya no era instituido nuevamente como presidente de Honduras.
Haríamos bien en recordar que en el derecho de obligaciones recíprocas, cuando una parte declara muerta la obligación principal, la otra parte tampoco está obligada a cumplir; y que si se extingue la obligación principal, de derecho queda extinguida la obligación accesoria. El Acuerdo de Tegucigalpa era un acuerdo entre dos partes con obligaciones recíprocas, donde la Comisión de la Verdad era una obligación accesoria. En tal sentido, cuando Zelaya extinguió la obligación principal, también extinguió la accesoria que tenía que ver con la Comisión de la Verdad.
Pero como la Comisión de la Verdad, aparentemente, va establecerse, una posible justificación de su existencia y funcionamiento sería que identifique a los extranjeros que actuaron como golpistas externos, cómplices del intento de descuartizar la Constitución y el orden social en Honduras, que quisieron constituirse en soberanos por encima del pueblo; porque no debe quedar en las sombras de la historia la responsabilidad de quienes cometieron agresión durante siete meses consecutivos contra el pueblo hondureño.
Evidentemente, durante esta intensa crisis que venía impuesta desde fuera, todo el pueblo hondureño resultó ultrajado; pero, además, personas de Gobierno y ciudadanos particulares, hombres y mujeres, que ejercen liderazgo de la verdadera resistencia ante la opresión extranjera, fueron víctimas de diversas presiones, además del aislamiento, con el fin de doblegar su resistencia, de suprimir su libertad de conciencia, que es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Honduras ejerció su derecho soberano de definir su futuro por medio de elecciones libres, pacíficas, modelo de democracia, donde triunfó el candidato de la oposición y esa victoria fue reconocida por los candidatos contendientes. ¿Hacían falta los observadores de la OEA? Por supuesto que no. El resultado electoral fue que el 98.5% votó por las opciones democráticas (partidos Nacional, Liberal, Pinu, DC) y el 1.5% votó por la antidemocracia y contra la constitución (UD), sin perjuicio de que hoy sus dirigentes formen parte del nuevo Gobierno que preside Porfirio "Pepe" Lobo.
Los gobiernos democráticos del mundo inmediatamente aceptaron el mandato soberano del pueblo hondureño; no obstante, algunos regímenes dictatoriales que oprimen a sus propios pueblos han dicho que no aceptan el resultado electoral. Eso resulta irrelevante, porque cada Estado decide soberanamente con quien establece relaciones diplomáticas, lo cual no afecta la soberanía popular de un pueblo que elige libremente a sus autoridades.
Con todo lo ocurrido durante los últimos ocho meses, algunas figuras públicas internacionales sufren la furia de haber conspirado, sin éxito, contra la democracia hondureña, o la vergüenza de haberse equivocado en sus apreciaciones y correlativas actuaciones.
Durante la instalación del procedimiento Guaymuras el 7 de octubre, como anfitrión expresé a los visitantes, entre otros conceptos, "que antes que continuar un debate sobre si este Gobierno es una sucesión constitucional o no", habría que apoyar la elecciones y pedirle al mundo que también lo haga; que las Naciones Unidas y la OEA "tienen la obligación de impedir que Honduras… pudiera ser objeto de agresión abierta o encubierta por gobiernos extranjeros" y que igual obligación tiene Estados Unidos de América conforme a los acuerdos bilaterales y anexos.
Ese mismo día cesó la participación de la Cancillería, es decir, cesó de participar en el diálogo Guaymuras por tratarse de un problema doméstico o interno en el cual las partes en contienda designaron a sus respectivas comisiones negociadoras quienes, una vez instaladas, tuvieron por facilitadores, primero a funcionarios de la OEA y, al final del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El 30 de octubre se suscribió el Acuerdo Tegucigalpa/San José.
Conforme a su número 5, las partes en el Acuerdo, los Gobiernos extranjeros y la misma OEA, todos reconocieron que correspondía al Congreso Nacional determinar si era procedente o no la impugnación que hacía el señor Zelaya de su destitución de junio. El 2 de diciembre de 2009, el Congreso Nacional, en una votación pública transmitida por televisión y radio, por 111 votos contra 14 dictaminó que no era procedente la impugnación. Pocos días antes de que se emitiera este dictamen, Zelaya declaró "muerto" el Acuerdo de Tegucigalpa y, por medio de carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América el 14 de noviembre expresó que a partir de esa fecha no aceptaba cualquiera que fuera el caso, ningún acuerdo de retorno a la Presidencia, vale decir, que ese día concluyó la controversia relativa a su pretensión de volver a la presidencia.
A este propósito, conviene recordar que el atentado de Zelaya contra la Constitución, vale decir, el autogolpe que él promovió antes del 28 de junio, no fue un acto aislado. Tuvo apoyo externo. El decreto de amnistía emitido por el nuevo Congreso Nacional el 25 de enero de 2010, sin duda alguna, hace el retrato hablado de los imputados por delitos de traición a la patria", "contra la forma de gobierno", "de terrorismo", etc.
Pero para evitar que esta situación se repita, es necesario identificar a los cómplices golpistas externos, porque desafiaron la legitimidad de las instituciones hondureñas y de sus actos; porque quisieron hacer que las autoridades hondureñas violaran su propia Constitución; porque dijeron "que no habían condiciones para que en Honduras se celebraran elecciones", y que no reconocerían el resultado electoral si Manuel Zelaya no era instituido nuevamente como presidente de Honduras.
Haríamos bien en recordar que en el derecho de obligaciones recíprocas, cuando una parte declara muerta la obligación principal, la otra parte tampoco está obligada a cumplir; y que si se extingue la obligación principal, de derecho queda extinguida la obligación accesoria. El Acuerdo de Tegucigalpa era un acuerdo entre dos partes con obligaciones recíprocas, donde la Comisión de la Verdad era una obligación accesoria. En tal sentido, cuando Zelaya extinguió la obligación principal, también extinguió la accesoria que tenía que ver con la Comisión de la Verdad.
Pero como la Comisión de la Verdad, aparentemente, va establecerse, una posible justificación de su existencia y funcionamiento sería que identifique a los extranjeros que actuaron como golpistas externos, cómplices del intento de descuartizar la Constitución y el orden social en Honduras, que quisieron constituirse en soberanos por encima del pueblo; porque no debe quedar en las sombras de la historia la responsabilidad de quienes cometieron agresión durante siete meses consecutivos contra el pueblo hondureño.
Evidentemente, durante esta intensa crisis que venía impuesta desde fuera, todo el pueblo hondureño resultó ultrajado; pero, además, personas de Gobierno y ciudadanos particulares, hombres y mujeres, que ejercen liderazgo de la verdadera resistencia ante la opresión extranjera, fueron víctimas de diversas presiones, además del aislamiento, con el fin de doblegar su resistencia, de suprimir su libertad de conciencia, que es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Honduras ejerció su derecho soberano de definir su futuro por medio de elecciones libres, pacíficas, modelo de democracia, donde triunfó el candidato de la oposición y esa victoria fue reconocida por los candidatos contendientes. ¿Hacían falta los observadores de la OEA? Por supuesto que no. El resultado electoral fue que el 98.5% votó por las opciones democráticas (partidos Nacional, Liberal, Pinu, DC) y el 1.5% votó por la antidemocracia y contra la constitución (UD), sin perjuicio de que hoy sus dirigentes formen parte del nuevo Gobierno que preside Porfirio "Pepe" Lobo.
Los gobiernos democráticos del mundo inmediatamente aceptaron el mandato soberano del pueblo hondureño; no obstante, algunos regímenes dictatoriales que oprimen a sus propios pueblos han dicho que no aceptan el resultado electoral. Eso resulta irrelevante, porque cada Estado decide soberanamente con quien establece relaciones diplomáticas, lo cual no afecta la soberanía popular de un pueblo que elige libremente a sus autoridades.
Con todo lo ocurrido durante los últimos ocho meses, algunas figuras públicas internacionales sufren la furia de haber conspirado, sin éxito, contra la democracia hondureña, o la vergüenza de haberse equivocado en sus apreciaciones y correlativas actuaciones.
