Honduras, 31.08.09 - Elisa de Elías: opinionSPAMFILTER@elheraldo.hn
La sucesión constitucional ocurrida en la República de Honduras, catalogada por la comunidad y organismos internacionales como golpe de estado, tiene una connotación especial en el contexto mundial e histórico en el cual se ha desarrollado.
Los analistas y el mundo entero deberían de dejarse de apresuradas apreciaciones y considerar los delicados y trascendentales efectos que inevitablemente se agolparán y serán evidentes en el corto plazo.
En ninguna empresa del espectro económico cabe la idea del administrador blindado, inmune e impune, sino al contrario; en éstas, creadas para la eficiencia en el uso de los recursos y generación de resultados, es una norma y práctica común la constante evaluación del desempeño y auditoría de sus actividades con el fin de evitar cualquier tipo de abusos, excesos y despilfarros, en obvio detrimento del patrimonio empresarial.
Ese precisamente es el aspecto más peligroso que podría perfilarse en la correlación de hechos que se van suscitando en torno a la sucesión constitucional hondureña, y que podrían sentar un mal precedente que fortalezca la práctica de las progresivas dictaduras democráticas.
El supuesto respeto a los preceptos democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana entre otros, más bien debería ser reconsiderado por sus miembros suscriptores, ya que lo que verdaderamente fomenta es la práctica del empoderamiento, la impunidad y la inminente aparición de una raza de superpresidentes.
¿Qué novedad representa en el ámbito empresarial la destitución de un administrador que haya estado realizando abusos administrativos y despilfarro de recursos, sobreponiéndose incluso a los mismos estatutos, políticas y manual de organización de la empresa?, ¿Verdad que ninguna?, ¿Verdad que sería lo más obvio?
Entonces tratándose de algo mucho más delicado como son los recursos y destino de la vida de todo un país porqué debe haber excepciones ante los abusos y prácticas más descaradas de los presidentes que por la ambición personal de poder manipulan toda la ordenanza constitucional, jurídica e institucional bajo la siniestra figura del populismo.
De ahí la urgente necesidad de considerar el efecto nefasto de una posible restitución de un presidente depuesto.
El efecto directo más asimilable desafortunadamente no sería el ideal o teórico que todos esperarían y están pensando, sino por el contrario, enviaría un mensaje negativo de franqueabilidad real y práctica para que los presidentes ahora puedan considerar que están blindados y que pueden hacer cualquier cosa que se les antoje, aún como resultado de pesadillas, alucinaciones o verdaderos disparates, sin que exista ningún tipo de auditoría o mecanismo que pueda detenerlo en la maquinación de sus patrañas. Aún así, todavía alguien podría estar pensando que existen procedimientos legales, constitucionales y democráticos para manejar estos delicados casos.
Pues la respuesta no puede ser menos dramática que la remisión a los mismos hechos: su flamante efectividad queda comprobada con solo echar un vistazo a los siniestros, abundantes y desvergonzados manoseos por medio de la creación a la medida de supuestos recursos legales, constitucionales y democráticos en esos países que se están volviendo verdaderas dictaduras democráticas y una real amenaza de pandemia.
La sucesión constitucional ocurrida en la República de Honduras, catalogada por la comunidad y organismos internacionales como golpe de estado, tiene una connotación especial en el contexto mundial e histórico en el cual se ha desarrollado.
Los analistas y el mundo entero deberían de dejarse de apresuradas apreciaciones y considerar los delicados y trascendentales efectos que inevitablemente se agolparán y serán evidentes en el corto plazo.
En ninguna empresa del espectro económico cabe la idea del administrador blindado, inmune e impune, sino al contrario; en éstas, creadas para la eficiencia en el uso de los recursos y generación de resultados, es una norma y práctica común la constante evaluación del desempeño y auditoría de sus actividades con el fin de evitar cualquier tipo de abusos, excesos y despilfarros, en obvio detrimento del patrimonio empresarial.
Ese precisamente es el aspecto más peligroso que podría perfilarse en la correlación de hechos que se van suscitando en torno a la sucesión constitucional hondureña, y que podrían sentar un mal precedente que fortalezca la práctica de las progresivas dictaduras democráticas.
El supuesto respeto a los preceptos democráticos consagrados en la Carta Democrática Interamericana entre otros, más bien debería ser reconsiderado por sus miembros suscriptores, ya que lo que verdaderamente fomenta es la práctica del empoderamiento, la impunidad y la inminente aparición de una raza de superpresidentes.
¿Qué novedad representa en el ámbito empresarial la destitución de un administrador que haya estado realizando abusos administrativos y despilfarro de recursos, sobreponiéndose incluso a los mismos estatutos, políticas y manual de organización de la empresa?, ¿Verdad que ninguna?, ¿Verdad que sería lo más obvio?
Entonces tratándose de algo mucho más delicado como son los recursos y destino de la vida de todo un país porqué debe haber excepciones ante los abusos y prácticas más descaradas de los presidentes que por la ambición personal de poder manipulan toda la ordenanza constitucional, jurídica e institucional bajo la siniestra figura del populismo.
De ahí la urgente necesidad de considerar el efecto nefasto de una posible restitución de un presidente depuesto.
El efecto directo más asimilable desafortunadamente no sería el ideal o teórico que todos esperarían y están pensando, sino por el contrario, enviaría un mensaje negativo de franqueabilidad real y práctica para que los presidentes ahora puedan considerar que están blindados y que pueden hacer cualquier cosa que se les antoje, aún como resultado de pesadillas, alucinaciones o verdaderos disparates, sin que exista ningún tipo de auditoría o mecanismo que pueda detenerlo en la maquinación de sus patrañas. Aún así, todavía alguien podría estar pensando que existen procedimientos legales, constitucionales y democráticos para manejar estos delicados casos.
Pues la respuesta no puede ser menos dramática que la remisión a los mismos hechos: su flamante efectividad queda comprobada con solo echar un vistazo a los siniestros, abundantes y desvergonzados manoseos por medio de la creación a la medida de supuestos recursos legales, constitucionales y democráticos en esos países que se están volviendo verdaderas dictaduras democráticas y una real amenaza de pandemia.
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