ACUERDO Y ELECCIONES

ACUERDO Y ELECCIONES
2 Noviembre, 2009 Sección Editorial

EL acuerdo del denominado Diálogo Guaymuras, ha sido alabado por la comunidad internacional, e inmediatamente de la suscripción por las comisiones negociadoras, Estados Unidos, bajo cuya mediación se produjo la conciliación, fue el primero en manifestar su respaldo a las elecciones generales y la garantía de reconocimiento de las nuevas autoridades que surjan de los comicios. Casi en forma paralela al pronunciamiento de la alta delegación de funcionarios norteamericanos que medió en las negociaciones, se produjeron las declaraciones del Secretario General de la OEA, asegurando el envío de una delegación de observadores para monitorear los comicios. En iguales términos se ha pronunciado casi la totalidad de la comunidad internacional, adelantando su reconocimiento al proceso electoral, como especie de tapaboca a aquellos obtusos, aquí en el país, que no veían beneficio de firmar un acuerdo y que tercamente se oponían a que concluyera la crisis.
Aparte del punto álgido del conflicto –ello es, el acuerdo al que arribaron las comisiones negociadoras para que “el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”– hay otros puntos vitales del acuerdo que deben resaltarse:
La integración de un gobierno de “Unidad y Reconciliación Nacional” integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas secretarías y subsecretarías, así como otras dependencias del Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República, que se refieren a la conformación de gabinete de gobierno. La conformación de una Comisión de Verificación y la recomendación para la creación de una Comisión de la Verdad. Otro punto clave es lo que se refiere a “la renuncia a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente o reformar la Constitución en los irreformables”.En este último punto es importante destacar la parte introductoria del capítulo: “Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país…”. Citamos lo anterior, porque nuestras leyes prohíben el boicot al proceso electoral y castiga cualquier acto dirigido a entorpecer las elecciones. Ello es bueno recordarlo por las manifestaciones, que todavía se escuchan, de algunos sectores incluidos en este acuerdo, contrarias a lo que las leyes disponen. La Constitución contempla como deber de todos los ciudadanos, ejercer el sufragio. Aparte de ello la Constitución en sus artículos 57 y 58 dispone: “La acción penal por delitos electorales, establecidos por la ley es pública y prescribe en cuatro años”. “La justicia ordinaria, sin distinción de fueros, conocerá de los delitos y faltas electorales”. La ley Electoral ya determina cuáles son esos delitos y faltas electorales. Esperemos, entonces, el respeto de todos los sectores al acuerdo