"...Si todo sale bien, el 27 de enero próximo un nuevo Presidente deberá asumir el mando en Honduras. Con o sin (en función de lo que resuelva el Congreso hondureño) Zelaya entregando la banda presidencial..."
Desde hace más de tres largos y tensos meses, el duro conflicto de poderes que explotara en Honduras ha tenido en vilo a la región toda. Todo comenzó cuando, el 28 de junio pasado, el “bolivariano” Manuel (“Mel”) Zelaya fuera depuesto -con participación del Ejército de Honduras- y enviado ilegalmente al exterior. Ello sucedió porque el mencionado Zelaya, que había traicionado a su propia fuerza política, contrariando abiertamente la Constitución de su país procuró mañosamente eternizarse en el poder, derogando las restricciones legales que imposibilitaban su re-elección. En su lugar, asumió (por decisión del Congreso hondureño) Roberto Micheletti, un ex empresario alguna vez socio político de Zelaya. Como él del Partido Liberal, pero hoy pertenecientes a distintas facciones.
Comenzó entonces, de inmediato, una torpe gestión negociadora de la OEA a cargo de su Secretario General, el chileno José Miguel Insulza, que (habiendo fracasado en su deseo de ser candidato presidencial en Chile, por el oficialismo de izquierda) busca afanosamente ser re-electo en su alto cargo en la OEA. Esa gestión estuvo caracterizada por un temprano perfil duro e intimidatorio (al que -naturalmente- se trepa inmediatamente -encantada- nuestra Presidente, la Dra. Kirchner) que terminó en el más estrepitoso fracaso. Desde el 7 de julio pasado la gestión mediadora pasó a manos de Oscar Arias, por impulso norteamericano. También Arias, está claro, fracasó en sus intentos por pacificar a Honduras.
El 21 de septiembre Zelaya “regresa subrepticiamente” a Tegucigalpa como “invitado” del Brasil, alojándose desde entonces en su Embajada. Desde allí, todos sus llamados a la insurrección violenta (para recuperar -por la fuerza- el sillón presidencial hondureño) no conmueven sino a pequeños grupos, motorizados aparentemente por las “valijas” de los “bolivarianos” que no deseen perder a “uno de los suyos”.
El 24 de septiembre comienza un nuevo diálogo. Esta vez, entre hondureños. Directo e inmediato. Sin intermediarios. Es el denominado “diálogo de Guaymuras”, en recuerdo del nombre que recibía la costa oriental de Honduras en tiempos de la colonia, similar al conferido a un villorrio emplazado en la costa de la laguna de Guaimoreto, en el que habitaron los españoles enviados por Francisco de las Casas, hoy Trujillo.
Cuando ésta nueva instancia de diálogo había avanzado significativamente, pero no podía superar el último escollo referido a la forma de instrumentar la “restitución” requerida por la región del presidente depuesto (en el que muy pocos confían) los Estados Unidos deciden intervenir directamente. Envían para ello a una misión “de alto nivel”, encabezada por el experimentado y prudente Thomas Shannon, con la compañía de Dan Restrepo, el dinámico hombre joven que, desde los corredores del Consejo Nacional de Seguridad, asesora directamente al Presidente Obama sobre las cuestiones de nuestra región. Y logran, rápidamente, que las partes alcancen un acuerdo integral, que ha sido presentado al Congreso hondureño, para su ratificación e implementación. Proceso que puede estar repleto de “sorpresas”.
Consecuencias “extramuros”.
El acuerdo alcanzado no sólo tendrá, como es obvio, consecuencias en el interior de Honduras. Sus consecuencias se extenderán a la región. Por una parte, seguramente destrabará las demoradas designaciones de Arturo Valenzuela (en reemplazo de Tom Shannon, como Secretario de Estado Adjunto para América Latina) y del propio Tom Shannon (ahora como Embajador de su país ante Brasil) hasta ahora bloqueadas por el Partido Republicano, descontento con el extraño manejo, por parte de la administración de su país, de la crisis hondureña.
Por la otra, posiblemente permitirá ahora que, a partir del éxito obtenido en Honduras, la administración norteamericana se anime a ser más explícita respecto de las violaciones de derechos humanos y de las libertades civiles y políticas en la región (en particular, respecto de la libertad de opinión, en peligro cierto en varios rincones de América Latina), en lugar de hablar, como hasta hora, sólo genéricamente sobre las mismas abandonando una larga tradición de la política exterior de su país cualquiera fuere el partido en el poder, para desconcierto de la región. Además, la postura de Chávez, Ortega, Castro, Correa y la Sra. de Kirchner, partidarios todos de resolver las cosas en Honduras a los empujones, ha quedado -gracias a Dios- desairada. De allí que los “bolivarianos” hayan dicho que, pese a las buenas nuevas, ellos no habrán de “bailar” hasta que el “director de orquesta” (Zelaya) sea restituido. Obviamente molestos por el éxito norteamericano. El tiempo dirá si “bailan”, o no. Pero, por ahora, la diplomacia (el diálogo) prevaleció sobre las amenazas.
El acuerdo alcanzado.
Trabajosamente, el acuerdo fue avanzando. Solucionando, uno a uno, los principales puntos de fricción. Consolidándose con la visita de los altos funcionarios norteamericanos. Primero se logró que Zelaya renuncie a sus ilegales pretensiones “re-eleccionistas” que fueran las que desencadenaron la crisis. Enseguida se obtuvo también, algo esencial; esto es que todas las partes apoyen, impulsen y reconozcan el proceso electoral en marcha desde marzo del año pasado, que consagrará -en las urnas- a un nuevo Presidente el próximo 29 de noviembre.
Esta es ciertamente la “salida natural” auténtica. La lógica para la crisis. Aquella que Zelaya estaba empeñado en demoler. Pese a que ella transformará al pueblo hondureño (democráticamente) en árbitro final de la situación, desde que -con su voto- será quien decidirá el rumbo del país. Sin que (esta vez) los petrodólares de Chávez, compren también allí las voluntades, con o sin valijas de “Antonini Wilson”. Una solución ideal, entonces. De hondureños para hondureños. No impuesta desde afuera, sino generada en su interior. El Congreso hondureño será quien decida -inapelable y finalmente- qué hacer. Lo que todos se han comprometido a respetar. Su decisión, cualquiera sea ella, será respaldada por la comunidad internacional, que ahora respeta la “auto-determinación” hondureña. Como debió siempre ser. Deberá decidir si retrotrae, o no, las cosas al estado en que estaban antes del 28 de junio pasado (“status quo ante”). Esto transforma al Partido Nacional, opositor, en el árbitro de la situación. Con el Partido Liberal dividido entre los partidarios del candidato independiente, Elvin Santos, y el acólito de Zelaya, César Ham, la decisión del Partido Nacional inclinará presumiblemente la balanza. Cabe destacar que las encuestas sugieren que en las elecciones que se aproximan es el Partido Nacional el que encabeza las preferencias de los hondureños. Por amplio margen. Lo que podría consagrar al moderado Porfirio (“Pepe”) Lobo Sosa como el próximo presidente del país. Pese a que sus candidatos fueran, en septiembre pasado, particularmente en la localidad de San Pedro Tula, objeto de toda suerte de intimidaciones, amenazas y atentados por parte de matones que respondían a Zelaya, interesados en descarrilar al proceso electoral. Previo a considerar la cuestión, el Congreso recibirá la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que hasta ahora ha sido particularmente dura con Zelaya y con sus pretensiones. No se ha dicho si su dictamen será (o no) vinculante. Pero tendrá ciertamente peso.
Los próximos pasos.
Firmado que sea el acuerdo, deberá conformarse en Honduras un gobierno genuino de “unidad y reconciliación” nacional, lo que debería suceder a más tardar el próximo 5 de noviembre. El Tribunal Superior Electoral (considerado por casi todos como independiente) llamará a observadores internacionales para que actúen en las elecciones que están en marcha. Tiene ya bajo su mando a las Fuerza Armadas y la Policía del país, lo que asegura que no serán utilizadas sino para lograr que las elecciones tengan lugar y sean cristalinas y transparentes.
Habrá, además, una Comisión de Verificación del cumplimiento del acuerdo alcanzado, conformada por cuatro miembros: dos en representación de la comunidad internacional (Ricardo Lagos, el ex Presidente chileno y la Secretaria de Trabajo norteamericana, Hilda Solís) y dos en representación de los “bandos” en puja en Honduras. Si todo sale bien, el 27 de enero próximo un nuevo Presidente deberá asumir el mando en Honduras. Con o sin (en función de lo que resuelva el Congreso hondureño) Zelaya entregando la banda presidencial. A partir de allí, una Comisión de la Verdad investigará lo sucedido y emitirá su opinión. En un espacio en el que no habrá amnistías, será decisiva ante la historia.En cuanto el acuerdo se ponga en marcha, las sanciones económicas dispuestas contra Honduras deberían comenzar a ser dejadas sin efecto. Su efecto, en la realidad, fue casi insignificante respecto de las voluntades de las partes en conflicto. Pero tuvieron un claro simbolismo. Para Honduras, la hora de la esperanza se ha abierto. Para la diplomacia norteamericana, un triunfo, hijo de la prudencia en el andar y el diálogo utilizado acertadamente como el instrumento central (natural) de la diplomacia. Reemplazando a las amenazas, las intimidaciones y los empujones, a los que lamentablemente se sumara la actual administración nacional argentina, agregando así un papelón más a la lista de los acumulados en los últimos cinco años. Una pena. Pero ese es el “estilo” de gobierno. Dentro y fuera de nuestro país. De allí que esa actitud no sorprende. Una actitud ortodoxa, moderada y prudente hubiera sido inesperada. Ya nos conocen en el exterior. Por eso pocos confían en nosotros. Cuando se abre una nueva etapa dos figuras han salido dañadas: la del chileno José Miguel Insulza y la del Embajador norteamericano en Tegucigalpa, Hugo Llorens, contra quien el Wall Street Journal ha descargado sus baterías. Y no sin razón. Como “abriendo el paraguas” frente a una no imposible decisión adversa del Congreso de su país, “Mel” Zelaya apenas dos días después de haber dado su conformidad con el acuerdo sostuvo que si no se lo restituye “el acuerdo sería nulo”. Lo cierto es que todos (incluyendo a él mismo) delegaron en el Poder Legislativo local la manera de poner fin a la crisis. Sin imponerle criterios, ni condiciones.
Emilio Cárdenas, Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
